El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, derogó una controvertida resolución, que él mismo había dictado, que obligaba a las fuerzas de seguridad a informarlo antes de cumplir cualquier orden judicial. La decisión fue tomada por el funcionario luego de reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Carlos Fayt, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco.

Los magistrados le habían planteado el miércoles su preocupación por la resolución 1084, denunciada por jueces y fiscales como una "injerencia indebida del Gobierno en el Poder Judicial" y reclamado la creación de una policía judicial.

La norma del 29 de abril último y su modificatoria 1531, que había cosechado abundantes críticas desde distintos sectores del Poder Judicial, fue derogada por entender que con la creación de un comisión se "satisface plenamente el interés en regular de la manera más eficaz y ajustada a derecho la relación entre los jueces y fiscales federales y las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de sus funciones", sostuvo Aníbal Fernández.

En este sentido, el funcionario que la creación de una Comisión entre la Corte Suprema y el Ministerio a su cargo "para revisar eventuales instrucciones judiciales a las fuerzas de seguridad y policiales que pudieran generar conflictos en su cumplimiento" se trata de una "propuesta superadora" a la norma 1084.

Esta propuesta "ofrece todas las garantías para concluir en decisiones acertadas", remarcó el ministro a través de un comunicado, en el que además anunció que la representación del Ministerio estaría a cargo de la Secretaria de Justicia, Marcela Losardo.

La resolución indicaba que la Policía Federal, el Servicio Penitenciario, la Gendarmería y la Prefectura debían comunicarle al Ministerio antes de responder cada uno de los pedidos de asistencia para tareas de la Justicia, como participar de allanamientos, detenciones y enviar oficios.

Críticas
El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, había criticado la norma y afirmado que "es una manera de controlar que no se pueda investigar al poder político".

En tanto, el presidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Sáenz, y el secretario general, Carlos Rívolo, señalaron en un documento que la resolución 1084/08 de la cartera que dirige Fernández "provoca una indebida injerencia en las facultades de los Magistrados del Ministerio Público Fiscal".

Los fiscales advirtieron que con esa medida podría "constituir un atentado a la división de Poderes"."No se explica la necesidad de conocer el contenido de los requerimientos en investigaciones que podrían estar en secreto, o que podrían implicar a funcionarios públicos, sin olvidar, además, que colocarían a los miembros de las Fuerzas frente a un conflicto de deberes que no se justifica", habían afirmado.

Policía judicial
Además de la creación de esta comisión, el presidente de la Corte anunció diversos puntos de acuerdo al que llegaron con el ministro, entre ellos que está analizando establecer una "policía judicial" con el fin de cumplir las órdenes dispuestas por los distintos jueces.

"Esto fortalecería la independencia de los jueces", aseguró Lorenzetti al formular el anuncio, el cual tiene relevancia debido a una actual disputa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Además, Lorenzetti dijo que se analiza la creación de un mapa judicial con el fin de "racionalizar los recursos".

"Hay lugares donde hay pocos litigios y hay muchos jueces -o viceversa- Como todos los recursos son escasos deben usarse con un criterio racional", agregó Lorenzetti.

En el marco de "cooperación entre los dos poderes del Estado", el presidente de la Corte aseguró además que se está trabajando "en la creación de un nuevo edificio de la Morgue Judicial, para lo cual el Ministerio aportar personal técnico", así como también de "una fuerte política de inversión" en el tema de las cárceles.