Voceros del alto cuerpo judicial indicaron que el 1º de septiembre será la apertura del juicio oral, pero recién tres meses después se podrán escuchar los alegatos de las partes.

El tribunal, integrado por Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna, y Roberto López Arango, fijó un cronograma de 40 jornadas de audiencias para los días lunes y martes, como así también, miércoles por medio. En las primeras jornadas se procederá a la lectura del requerimiento fiscal y auto de elevación a juicio, a las cuestiones preliminares que se puedan plantear, y a la declaración de los imputados; en tanto que a partir del 14 de septiembre y hasta el 30 de noviembre están fijadas las más de 100 audiencias testimoniales y 6 inspecciones judiciales.

Luego, a partir del 1º de diciembre, comenzarán los alegatos, los que se supone se prolongarán por varios días, teniendo en cuenta la cantidad de partes; de este modo se estima que para mediados del mismo mes pueda estar concluyendo el juicio con el dictado de la sentencia en su parte dispositiva.

Están imputados María Eva Aebi, Víctor Hermes Brusa, Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Perizzotti y Eduardo Alberto Ramos.

En razón que los hechos denunciados se habían cometido en el ámbito territorial correspondiente a la competencia de la jurisdicción federal de la ciudad de Santa Fe, en fecha 24 de mayo de 2002, la Procuradora Fiscal Federal de esa ciudad, elevó la denuncia penal al juez federal en turno.

El 14 de agosto de 2002, el primer juez a cargo de la causa, Reinaldo Rodríguez, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, marcando el comienzo de la investigación. En el 2002, también, se constituyó como querellante en el proceso el abogado local Jorge Daniel Pedraza, uno de los más activos impulsores de la causa Brusa.

Luego de cinco años de trámites, trabas procesales, fiscales federales inhibidos o excusados, dos fiscales ad hoc designados, un juez excusado, otro separado del proceso, fue elevada a juicio oral la causa federal más importante que investigó los delitos de lesa humanidad en Santa Fe durante la última dictadura militar.