El 18 de diciembre de 2008, en Coronda, Julia Arminda Núñez (hoy de 55 años) engañó a los abuelos de Carolina F, una menor de 13 años, asegurándoles que la invitaba a pasar las fiestas con ella y luego la reintegraría al hogar. Menos navideños, los planes que Núñez ejecutó fue drogar y vender a Carolina y a otra joven, de 19 años, a quien había captado en la zona de la ciudad de Recreo, a quien sería su explotador sexual, un malviviente apodado "Pollo" Rojas, que actualmente está detenido.

El juicio iba a comenzar el 29 de octubre pasado, pero se pospuso para ayer. Se estima que la sentencia sería leída hoy y los fundamentos dentro de una semana.

Mediante amenazas. La Fiscalía Federal señaló que en los dos casos aparece la explotación de la víctima para ejercer la prostitución, "la que generalmente se logra mediante amenazas hacia su persona o parientes lejanos". Según la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y trata de personas (Ufase), que depende de la Procuración, desde junio de 2008 a septiembre de este año fueron rescatadas 329 víctimas del negocio de la trata. El 80 por ciento eran mujeres y cuatro de cada diez personas rescatadas eran menores de edad.

Que el primer juicio del país sobre tata de personas se lleve a cabo en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe integrado por el rosarino Omar Digerónimo, José Escobar Cello y María Ivon Vella, no es casual. Los informes de los organismos internacionales que combaten la trata de personas sindican a la provincia como uno de los principales territorios de captación y captura de niñas, jóvenes y adolescentes para ser vendidas a prostíbulos de otras provincias u otros países.

Sin ley. Por tal razón, la trata se convirtió en uno de los principales temas de debate. Sin embargo, y paradójicamente, ayer perdió estado parlamentario la ley provincial que abordaba el tema. Su autora, Alejandra Vucasovich, se ha quejado con amargura. Dice no entender cómo es que el delito que más ha crecido en la provincia, que pone en riesgo a niñas y jóvenes santafesinas de todas las clases sociales que son captadas, raptadas y trasladadas, luego vendidas y obligadas a ejercer la prostitución en otros lugares, no conmueve al punto de no legislar su combate.

Vucasovich dijo "desconocer los motivos de la falta de interés del gobierno provincial", al que le recrimina que hasta la fecha "no ha atinado a más que poner en marcha un programa que no tiene que ver ni con la prevención ni con la persecución de los autores de un delito tan aberrante".

Para rematar, la legisladora reflexionó: "El delito de trata de personas atenta contra la libertad en general y contra la libertad sexual en particular, contra la propia integridad física y la vida de la víctima, a la vez que arremete contra el derecho a la identidad, por lo que se puede afirmar que atenta contra los derechos humanos, fundamentalmente de mujeres y menores que son privados ilegalmente de su libertad para ser tratados como esclavos".