La resolución de la Sala I de la Cámara Penal se dictó en una causa por la que cinco policías fueron apresados el 13 de enero pasado, acusados de mejicanear (robar el botín a ladrones) y extorsionar a personas con prontuario abierto. El operativo se presentó como la desarticulación de un grupo de uniformados corruptos, pero al poco tiempo la contundencia de la imputación se desvaneció.
   En marzo pasado, el juez de Instrucción Luis María Caterina les dictó la falta de mérito a cuatro policías y el sobreseimiento definitivo a un quinto acusado porque las pruebas carecían de peso y las víctimas de las extorsiones denunciadas no los reconocieron en rueda de detenidos.
   Sólo dos de ellos, los policías del Comando Radioeléctrico de Rosario Guillermo Segovia, de 28 años; y Diego Machado, de 29, fueron procesados en una causa accesoria por un robo calificado en perjuicio de una mujer en barrio Ludueña. Pero ahora esa medida también se disolvió con la resolución de los jueces Ernesto Pangia, Alfredo Ivaldi Artacho y Carina Lurati.
   Los camaristas revocaron el procesamiento basados en las "escasas pruebas" reunidas. A partir del dictamen de la Sala I los efectivos recibirán la falta de mérito. De todos modos, los jueces aclararon que la situación de los agentes puede modificarse si surgen nuevos elementos en el futuro.
   Los habían procesado en base al reconocimiento "altamente dubitativo" de Machado por parte de uno de los denunciantes y porque Segovia fue señalado como "parecido" a uno de los asaltantes. A esto se sumó el dato de que los autores de aquel robo tenían "aspecto de policías". Para los jueces de Cámara esto no basta para enviarlos a juicio.
A revisar. Los camaristas pusieron el acento en que, en su declaración, Segovia negó su participación en este hecho concreto pero "reveló la comisión junto a Machado en múltiples hechos de grave corrupción policial. Los delitos confesados remiten a actividades policiales ilícitas vinculadas con extorsiones, cohechos o robos sobre distribuidores o vendedores de drogas".
   Para los camaristas, "esas declaraciones merecen ser investigadas" y por eso solicitaron al juez instructor que le de intervención a un juez federal, ya que los delitos relacionados con el tráfico de drogas se investigan en ese ámbito. Así lo había requerido la Fiscalía de Cámaras, que por su parte solicitó informes a la Dirección de Asuntos Internos "en orden a la investigación que se esté llevando" respecto a los dichos de Segovia, "dado que no es posible que exista desconocimiento de los jefes policiales de hechos como los que denuncia" el policía.
   La defensa del policía Segovia había planteado ante la Cámara que esas declaraciones debían ser consideradas nulas porque fueron prestadas "sin la presencia de un abogado defensor" y que por lo tanto se habrían violentado garantías procesales. Pero los jueces respondieron que Segovia, de 28 años y con un "bagaje de conocimiento legal mínimo" por su calidad de funcionario policial, no sólo declaró ante la policía sino que sus dichos fueron "ratificados ante el juez instructor sin hacer mención a coacciones de sus colegas". Por esto entendieron que los dichos del agente del Comando no sólo tienen validez sino que deben profundizarse.
   Sin embargo, la causa que a mediados de enero dio origen a la investigación finalmente se desvaneció. A los cinco policías detenidos y luego desligados -afectados a la comisaría 17ª, el Comando Radioeléctrico y la Patrulla Urbana de la Unidad Regional II- se los acusaba de robo calificado, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes en al menos 20 hechos, dos de los cuales fueron denunciados por un vecino de Roldán y otro que vive en el Fonavi de Mendoza y Donado. Pero al cabo de siete meses nada de eso pudo probarse.