El juez de familia de San Lorenzo Marcelo Scola intimó al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que designe en tres días un centro asistencial para alojar a una niña de once años que está internada hace cinco meses en el hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde recibió el alta médica el 7 de marzo pasado. Durante este tiempo, la respuesta de las autoridades fue -en el mejor de los casos- dilatoria. Por eso, el magistrado pide que se instruyan "las investigaciones administrativas a efectos de deslindar responsabilidades" en el largo derrotero de la niña que nunca recibió la protección integral debida. Y además, ordena que el ministro Danilo Capitani que las y los funcionarios actuantes sean "apartados de continuar interviniendo" en esta situación. "No puede el Estado, con su accionar, lesionar nuevamente el estado físico, mental o psíquico de un niño, niña o adolescente. Su función es darles una protección especial, frente a una vulneración de derechos", sostiene Scola, quien detalla minuciosamente el desentendimiento de la Secretaría de Protección y Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, mientras el personal del Vilela brega por encontrarle un alojamiento adecuado.
Durante estos meses, la nena fue enviada al HOPROME en julio, pero el centro asistencial la "devolvió" al hospital luego de una semana, con sus pertenencias y sin sostener el contacto. "No tienen corazón", dijo la nena sobre lo vivido en ese lugar. Pese a esa experiencia traumática y las recomendaciones del equipo del Vilela, las funcionarias de la Secretaría de Niñez insisten con ese centro asistencial.
"Cabe preguntarse si el Estado provincial, la provincia de Santa Fe, de eso hablamos, no se encuentra en condiciones de dar alojamiento a una niña de once años, con el alta hospitalaria para su externación desde hace cinco meses, la cual se encuentra bajo el llamado Sistema de Protección integral de Derechos", plantea el magistrado. La resolución enumera una larga cantidad de reuniones y gestiones en las que las autoridades de Niñez se comprometían a resolver la situación de la niña en pocos días, pero no lo hacían. "Cuando hablamos del Estado tenemos que precisarlo en los distintos funcionarios, en este supuesto, que no funcionan, que no cumplen con su deber", manifestó el juez y los nombra: "Patricia Chialvo, Patricia Virgilio, el ingeniero Agustín Codevila, Roxana Borselli, Santiago Pennacchi, entre otros". Son las máximas autoridades de la Secretaría de Niñez provincial. "La actitud de los citados revictimiza a quienes deben proteger, conculcando sus derechos. En primer lugar, es el mismo Estado el que la saca de su familia de origen, porque se vulneran gravemente sus derechos y luego esa misma autoridad los vuelve a vulnerar y así se mantiene en el tiempo".
