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Tragedia calle Salta. La investigación quedó a cargo del juez Dr. Beltramone

Si bien se desconocen los fundamentos de Curto para remitir la causa a otro juez, se puede inferir que en manos de un Tribunal con mayores atribuciones, el desastre de calle Salta y Oroño podría derivar en acusaciones aún más graves que la del gasista Carlos Osvaldo García, imputado por estrago culposo agravado por las 21 muertes.
 
El juez Correccional a cargo del expediente se declaró incompetente y resolvió remitir las actuaciones a un juzgado de Instrucción. La fiscalía dictaminó la aceptación del planteo.
La causa judicial en la que se investiga la explosión por acumulación de gas en Salta 2141 que dejó 21 muertos y decenas de heridos, tuvo un sorpresivo giro procesal. El juez Correccional a cargo del expediente se declaró incompetente y resolvió remitir las actuaciones a un juzgado de Instrucción. La fiscalía dictaminó la aceptación del planteo.
En principio, el dato hace suponer que en la pesquisa hay indicios o sospechas de que se cometieron delitos aún más graves del que afronta el gasista, hasta el momento único imputado por estrago doloso agravado.
En tanto, Litoral Gas reconoció que el trabajador acudió el 1º de agosto a las oficinas de la compañía para pedir asesoramiento sobre la tarea que realizó el martes 6 de agosto, cuando se disponía a cambiar un regulador de presión, que tras manipularlo desató la fuga y posterior tragedia.
En la mañana de ayer comenzó a circular en los pasillos de Tribunales un rumor que se confirmó con el correr de las horas. El juez Correccional Nº 7, Juan Carlos Curto, resolvió declararse incompetente para proseguir la investigación del desastre más doloroso que se recuerde en Rosario. Con el dictamen favorable de la fiscal Nº 11 Graciela Argüelles, la causa pasó al juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone.
"Entiendo que el doctor Curto se declaró incompetente. Voy a estudiar la resolución y resolveré si lo acepto", había indicado Argüelles antes de tomar la decisión.
La responsable del Ministerio Público explicó que "esa posibilidad siempre estuvo latente en el marco del proceso", pero que no se contempló antes por la magnitud del hecho y las derivaciones que puede acarrear la investigación del accidente.
 "En principio y teniendo que Curto no la rechazó, la conmoción y que se debían colectar pruebas fundamentales de manera urgente, decidimos avanzar sin hacer ese tipo de planteos", explicó la fiscal sobre la postura que adoptó el juez.
Al consentir la decisión de Curto, automáticamente el expediente pasó a manos del juez Beltramone, que también lo aceptó, aunque con reparos y críticas. En efecto, su mayor disconformidad fue que el magistrado Correccional tardó diez días en declararse incompetente.
 
Si bien se desconocen los fundamentos de Curto para remitir la causa a otro juez, se puede inferir que en manos de un Tribunal con mayores atribuciones, el desastre de calle Salta y Oroño podría derivar en acusaciones aún más graves que la del gasista Carlos Osvaldo García, imputado por estrago culposo agravado por las 21 muertes.
 
El 1º de agosto. Pero los planteos de tipo procesal no impidieron que cesara la investigación. A primera hora un empleado jerárquico de Litoral Gas reconoció ayer en Tribunales que el gasista que manipuló el regulador de gas para proceder a su recambio en el complejo de tres torres de Salta al 2100, concurrió el jueves 1º de agosto a las oficinas que la compañía posee en 24 de Septiembre y Ayacucho, donde pidió instrucciones y preguntó si era necesario abrir un expediente.
 
En su primera declaración indagatoria, el gasista había expuesto que realizó ese trámite. Manifestó que, al requerir especificaciones en Litoral Gas, un técnico le dijo que como era gasista matriculado estaba en condiciones de hacer el trabajo sin necesidad de abrir ningún expediente. Ese aspecto ahora deberá ser verificado por la Justicia a través de nuevas testimoniales, registros fílmicos y libros de visitas.
 
García también concurrió a Tribunales, donde a partir de un pedido de su defensa amplió la declaración indagatoria, instancia en la que ratificó que realizó el trámite previo en Litoral Gas. No se descarta que el personal que lo atendió también sea llamado a declaración testimonial en los próximos días.
 
Su defensa apeló la denegatoria de la excarcelación, que ahora deberá resolver la Cámara Penal.
 

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