La herencia en materia de justicia con la que debió enfrentarse la democracia fue sumamente deficitaria dado que se había conformado todo un oscuro andamiaje que legitimó el cercenamiento de derechos básicos y la supremacía de las directivas de la Junta Militar sobre cualquier otro instrumento legal, sea nuestra Constitución o sean los tratados internacionales. Al mismo tiempo, se afianzó cierto corporativismo entre funcionarios judiciales designados por las autoridades de facto y se cultivó un estilo de trabajo formalista, pesado y lento.

Estos problemas de índole ideológico y funcionales eran especialmente graves en la Justicia federal y en la Corte Suprema, pero en buena medida permeó a los distintos fueros y jurisdicciones.

Ante esto, los primeros pasos del gobierno que asumió en diciembre de 1983 se orientaron a renovar la composición de la Corte y de la Justicia federal, sin que en términos generales se modificaran los estamentos burocráticos de segundo orden y las titularidades de los restantes tribunales.

El desenvolvimiento de la Corte Suprema del inicio de la democracia contribuyó a reinstaurar y ampliar libertades. Se tomaron con seriedad los derechos de las personas garantizados por la Constitución y así, por ejemplo, se protegió la autonomía para formular y llevar adelante planes de vida, hecho que forzó a los legisladores a sancionar una legislación moderna en materia de divorcio vincular.

La nueva Cámara Federal fue escenario del histórico juicio a los miembros de la Junta Militar, lo cual enseñó a la sociedad el valor de la Justicia y la profundidad de las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido a partir del quebrantamiento del orden constitucional.

Mientras tanto, la ineficiencia de la Justicia ordinaria fue incrementándose. Lentitud, retraso tecnológico, carencia de infraestructura y falta de pautas organizativas racionales se han venido haciendo cada vez más visibles y en algunos fueros directamente provocaron un colapso.

A partir de la primera presidencia de Menem, a través del incremento del número de miembros de la Corte y por la designación de numerosos jueces amigos y leales a funcionarios del Ejecutivo, se advirtió una fuerte pérdida de independencia y el crecimiento del descrédito ciudadano hacia el Poder Judicial. También la opinión pública fue sacudida por escándalos originados en actos de corrupción protagonizados por jueces.

A través de un cambio en el mecanismo de designación de los jueces inferiores, así como de su control disciplinario, se trató de corregir estos defectos. Mediante la reforma constitucional de 1994 se crearon el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, dos instituciones que al presente no han cumplido con todas las expectativas en ellos depositadas.

En estos años ha crecido la conflictividad social y el número de delitos, ante lo cual resultaron más evidentes los problemas de la estructura judicial. A pesar de que se han realizado algunas reformas procesales adecuadas, que en general han tendido a reforzar la imparcialidad de los jueces y el rol de los fiscales en la investigación, resta mucho por hacer para mejorar el rendimiento judicial e impedir que predomine el actual nivel de impunidad.

Un tema clave del sistema judicial es la situación de la Corte Suprema. En los últimos meses se ha llevado adelante una ofensiva política y jurídica contra varios de sus miembros cuyo comportamiento se juzgó ilegítimo y contrario a los principios de independencia y por fallos cuestionables. Paralelamente se incorporó un nuevo miembro utilizando por primera vez un sistema que aporta transparencia en el procedimiento de selección y se estudia la elección de otro en el futuro.

Los cambios han sido positivos, pero también es evidente que el poder político sigue operando sobre la Justicia, reproduciendo un comportamiento lesivo para la independencia y ecuanimidad judicial.

Fuente:www.clarin.com