La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado comenzó a debatir ayer una serie de proyectos que pretenden aclarar, de manera taxativa, los casos en los que la práctica del aborto no será pasible de sanción penal alguna y que se encuentran contemplados en el artículo 86 del Código Penal, y evitar así la intervención judicial en contra de esos procedimientos.

El debate se inició con la presencia de seis especialistas en derecho penal, psicología y medicina, que dividieron sus posturas a favor y en contra de los proyectos en cuestión. En todos los casos, los proyectos se circunscriben a tratar de eliminar la ambigüedad en la interpretación de la cláusula penal, que ha permitido a muchos jueces impedir la concreción de esa práctica quirúrgica en los pocos casos en que se encuentra despenalizada.

Así lo reclamó Lucila Larrandart, camarista penal de San Martín, quien abogó por la inclusión en el Código Penal de una cláusula que especifique que "no hace falta autorización judicial" para practicar los abortos permitidos por la ley.

El médico del Hospital Italiano Mario Sebastiani apoyó "la necesidad de una normativa absolutamente clara, que tranquilice y les permita actuar a los equipos médicos". Según el Código, no son punibles aquellos abortos realizados "para evitar un peligro para la vida y la salud de la madre" y en los casos de "violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente".

Los proyectos en debate incluyen nuevas causales, como diagnósticos de anencefalia y de mujeres que deben someterse a tratamientos médicos que sean contraindicados para el feto, como una quimioterapia.

El abogado Ricardo Bach de Chazal calificó de "inconstitucional" las excepciones contempladas en el Código, al considerar que el aborto "es una violación de los derechos humanos".

Bodas homosexuales
Por otra parte, la Comisión de Legislación General celebró su tercera jornada, en doble turno, de audiencias públicas sobre el proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado por la Cámara de Diputados.

Ayer fue el turno de los juristas, entre los que se destacó el constitucionalista Roberto Gargarella, quien dijo que la idea del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer "es una pésima definición". Marcos Córdoba, por su parte, calificó de "deficiente" el proyecto.