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Un supermercado de la construcción deberá indemnizar con cinco mil pesos a un cliente que protestó, al parecer en un tono elevado de voz, ante una supuesta violación a la Ley del Consumidor, y terminó detenido, después de que una empleada llamara a la policía. Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Civil, que consideró que la empresa tiene la “obligación de reparar los daños provocados en el espíritu del damnificado”, que había planteado su queja –según entendió el tribunal– en base a las facultades que le confiere la Ley de Defensa del Consumidor.
