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Rosana Martins transitó 19 tormentosos años para lograr que la obra social le cubriera la operación que mitigara la epilepsia de su hijo Maximiliano. Superada por la situación, presentó un recurso de amparo en el juzgado federal y así logró que la cirugía se realizara y Maxi no sufriera más convulsiones. Esta es sólo una de las miles de historias que ingresan a la Justicia Federal con el afán desesperado de lograr las coberturas que están incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que como reza su nombre son “obligatorias”, pero el costo de los tratamientos hace que muchas obras sociales y prepagas miren para otro lado. El tema tomó tal magnitud que hoy casi el 40 por ciento de las medidas cautelares que se presentan en esos estrados tienen que ver con la falta de cobertura de salud.
