Cinco personas detenidas en un operativo realizado en abril pasado en una chacra de la localidad de Alvear, donde se secuestraron drogas y armas, fueron procesadas por los delitos de tenencia de arma y encubrimiento, mientras que el padre del dueño del campo será enjuiciado por la tenencia de un arma que se encontró en su domicilio durante un allanamiento posterior. Todos ellos seguirán tras las rejas ya que el Juzgado de Instrucción 14ª Nominación dictó la prisión preventiva de los imputados.

El caso tomó trascendencia pública luego del incendio que se desató en la Alcaidía Mayor, ubicada en el mismo predio que la Jefatura de Policía, donde tres internos perdieron la vida, entre ellos uno de los arrestados en el allanamiento a la chacra. La defensa de los acusados cuestionó desde un primer momento el procedimiento policial, que fue filmado, y donde se observan una serie de irregularidades aunque la Justicia provincial desechó el planteo en primera y segunda instancia al referir que la actuación policial fue correcta respecto a la parte que le es competente, es decir el hallazgo de armas.

El operativo se llevó adelante el 4 de abril en una chacra de Alvear. Al lugar llegaron los uniformados con una orden del juez de Instrucción 4ª, Juan Carlos Vienna, para ubicar electrodomésticos robados unos días antes a la firma Calatayud, aunque según consta en las actas, en el lugar se hallaron 20 kilos de drogas, 110 mil pesos y diversas armas, por lo que se procedió a la detención del dueño del lugar Diego C., su pareja Gabriela Elisabeth M., el casero Facundo Ceferino S., los empleados Carlos Rubén A. y José Ignacio A. y Miguel Ángel Saboldi, amigo del propietario, quien falleció en un incendio intencional desatado 8 días después en la Alcaidía, donde además murieron otros dos internos.

Desde un primer momento la viuda de Saboldi, Norma Acosta endilgó la muerte de su marido al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, y a Luis “Pollo” Bassi –prófugo de la Justicia en la investigación sobre una organización delictiva comandada por la banda Los Monos, también a cargo del juez Vienna–, hecho que generó una nueva causa penal que se investiga en el Juzgado de Instrucción de la 8ª Nominación.

La causa penal se desdobló. Por un lado intervino el Juzgado Federal N 3º, que procesó a los acusados y donde actualmente se encuentra en trámite un pedido de nulidad del procedimiento; y por el otro, el Juzgado de Instrucción 14ª investiga los delitos vinculados a las armas secuestradas en la chacra.

En la instancia provincial la defensa de los acusados ya había ensayado un intento de nulidad que fue rechazado por el Juzgado y su decisión confirmada por la Cámara Penal.

Ahora, en suplencia, el juez Hernán Postma resolvió la situación procesal de los imputados y dispuso mandarlos a juicio.

Según surge de la resolución, durante el procedimiento se secuestraron siete armas de fuego de diversos calibres, entre ellas una escopeta robada y tres armas –una pistola calibre 3.80 ACP, otra 9 milímetros y una escopeta de acción a bomba calibre 12– con la numeración limada.

A ello se sumó una escopeta Iga Gaucha con caño superpuesto secuestrada en un allanamiento realizado en la casa de Jorge Alberto C., padre del dueño del campo, quien en su descargo argumentó que el arma era de su sobrino, quien se la había entregado para limpiarla, aunque sus dichos no resultaron creíbles para el tribunal.

Terminada la instrucción el juez resolvió procesar a los acusados por los delitos de tenencia de arma y encubrimiento a la vez que lograron la falta de mérito en otras imputaciones como supresión o alteración de número o grabado de un arma de fuego y todos fueron sobreseídos por la acusación de acopio de armas.

José Ignacio A., Facundo Ceferino S., Gabriela Elisabeth M., Carlos Rubén A. irán a juicio acusados de tenencia simple de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización (en cinco hechos) y encubrimiento (en tres hechos). A su vez el juez fijó un embargo de 5 mil pesos sobre sus bienes.

Por su parte el dueño de la chacra, Diego Fabián C., fue procesado como autor de siete hechos de tenencia simple de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización  en concurso real con tres hechos de encubrimiento y se fijó un embargo en su contra de 10 mil pesos. Mientras que su padre irá a juicio por un solo hecho de tenencia simple de arma.

Todos los acusados continuarán detenidos ya que el pedido fiscal de prisión preventiva fue admitido por el Juzgado.

La polémica filmación

La filmación del operativo dejó a la vista una serie de irregularidades que la defensa expresó en sus escritos. Una fuente del caso refirió a modo de ejemplo que el procedimiento fue grabado aunque dicha filmación comenzó pasada la hora de iniciado el allanamiento cuando el dueño de la chacra es detenido y resaltó el dato de un que se retira del lugar con una bolsa negra y se la escucha decir «bingo», lo que derivó en la remisión de copias al Ministerio de Seguridad para que se inicie una investigación administrativa