El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, delegación -Zona Sur- ante las manifestaciones vertidas en la publicación Cruz del Sur del 03 de setiembre del corriente año por el señor Ministro de Justicia de la Provincia Dr. Juan Lewis, a raíz del proyecto de ley enviado a la Honorable Legislatura Provincial respecto al Código Procesal Penal Juvenil, aclara que los tribunales de menores de la ciudad de Rosario en el año 2012 dictaron alrededor de 150 sentencias (de responsabilidad autoral y sobre la necesidad o no de aplicación de pena) en cada uno de los cuatro juzgados existentes.
                Por ello, lejos de verificarse inactividad en dichos órganos jurisdiccionales, los datos relevados exteriorizan el  compromiso con la función que desempeñan y con la materia que es de su competencia.
                Es destacable igualmente que la labor jurisdiccional se desarrolla debiendo superar, las Juezas y Jueces, notorias inconsistencias normativas y lagunas en la  regulación procesal en materia de justicia penal minoril, mereciendo subrayarse la participación de los integrantes del fuero en cuanta iniciativa encaminada a la reforma y mejoramiento del sistema procesal especial se presenta,  aportando su experiencia y conocimiento.   Rosario, 12 de septiembre de 2013
 
 
 
NOTA publicada en http://www.diariocruzdelsur.com.ar/noticia/noticia/id/13801
 
En busca de un nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil
El gobierno provincial enviará a la Legislatura provincial un proyecto para renovar la legislación para menores, que tendrán el mismo procedimiento que un adulto, aunque no sean punibles. Buscan acelerar las causas.
La provincia enviará en las próximas semanas a la Legislatura santafesina un proyecto de ley para instrumentar un Código Procesal Penal Juvenil. La iniciativa tiene un par de años de desarrollo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ahora, después de varias interconsultas a especialistas de todo el país y de análisis comparativos con normas y convenciones internacionales, se llegó a una síntesis jurídica e ideológica para abordar este tipo de temas.
 
En diálogo con Cruz del Sur, el ministro del área Juan Lewis anticipó alguno de los puntos que tendrá el texto: no será un procedimiento distinto al de los adultos aunque se respetarán las especialidades del caso, estarán más claros los plazos, las víctimas podrán ser querellantes en causas contra menores y los jueces tendrán que definir si hay o no responsabilidad sobre los hechos delictivos que se imputan para desterrar el antiguo régimen tutelar.
El funcionario Se encargó de remarcar que la imputabilidad de los menores y el marco sancionatorio no es una facultad de las provincias sino del Congreso de la Nación. De todas maneras, dijo que al país le falta una nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil porque hoy se utiliza un decreto (Nº 22.278) de la última dictadura para regular todo el sistema y que por eso se recibieron críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según Lewis, para diseñar el proyecto se tuvieron en cuenta la ley nacional Nº 26.061y la ley provincial Nº 12.967, que establecen un sistema de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes. También se puso énfasis en la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional después de la reforma de 1994. “Hoy los jueces de Menores prácticamente se mueven sin una norma adecuada por las transformaciones que se produjeron”, argumentó.
A diferencia de otras provincias donde el régimen procesal penal juvenil tiene procedimientos propios, distintos al sistema de adultos, en Santa Fe se ideó una herramienta complementaria. “Nosotros concebimos al derecho que regula la situación de los jóvenes no como algo diferente sino como un derecho penal especial”, opinó el funcionario.
“No buscamos hacer un régimen procesal penal enteramente distinto a lo que es el proceso penal en la provincia de Santa Fe, sino que sólo se regula la especialidad. Es decir, se toma como base la línea procedimental del sistema de adultos y se regulan aquellas cosas que en virtud de la especialidad de régimen penal juvenil deben ser hechas de una manera distinta”, indicó Lewis.
“Esta situación no se da con la legislación actualmente vigente, porque hoy por hoy los jóvenes se encuentran en una situación peor que la de un adulto. Por ejemplo, hay ausencia de plazos, incertidumbre de algunos plazos procesales, cuando en materia de medidas cautelares la prisión preventiva tiene plazos muy certeros para los adultos”, recordó el ministro.
Sin embargo, “en materia de menores, como el régimen procesal actual implica una pervivencia del antiguo régimen tutelar que debería ser erradicado después de la Convención de los Derechos del Niño, el juez de Menores no tiene plazos porque presuntamente lo está tutelando y contra alguien que te tutela vos no te defendes, entonces ahí existe un menoscabo del derecho de defensa”, enfatizó.
Otro paradigma
El ministro de Justicia y Derecho Humanos señaló que “aún hoy existen un montón de jueces de Menores que nunca han dictado una sentencia de responsabilidad por hechos delictivos”. Lewis explicó que “hay chicos que muchas veces transitan por el sistema penal y no tienen ninguna resolución formal que diga que fueron autores de un determinado hecho. Esto pasa en una innumerable cantidad de casos”.
“Muchas veces el juez de Menores dice que un chico está en riesgo y es lo mismo estar en riesgo social o haber delinquido, entonces manda que le apliquen una medida, luego ve cómo evoluciona pero no se preocupa por saber si había sido el autor o no de ese hecho”, dijo el funcionario y remarcó que la crítica no perdió vigencia.
“Ahora (los jueces) siguen haciendo lo mismo, cuando en realidad en un sistema de responsabilidad sobre el hecho lo primero que debe estar en claro es si el chico fue o no autor de un delito, ya que si no lo fue el Estado no puede hacer nada desde el punto de vista punitivo y –en todo caso– se deberá ocupar Desarrollo Social pero no el sistema penal”, evaluó.
Otro aspecto que destacó Lewis es que el “proyecto de Código Procesal Penal Juvenil, a diferencia del sistema de adultos, están reguladas de otra manera las medidas cautelares, los plazos procesales, la intervención de la víctima, el secreto que puede tener un proceso y se establece que en algunas audiencias tiene que participar un juez especializado”.
—¿Entonces las víctimas podrán ser querellantes en los procesos contra menores?
—La participación de la víctima en un proceso relativo a jóvenes es una cosa que está harto discutida, hay muchos debates que van desde posturas donde la víctima no puede ser querellante (porque existe el interés superior del menor) hasta posturas que piden asimilar esa figura al procedimiento de mayores.
“Nosotros en Santa Fe tenemos una participación muy amplia de la víctima desde que admitimos al querellante autónomo, es decir, un querellante que puede hacer valer sus pretensiones en el proceso incluso en desacuerdo con el fiscal. En el Código Procesal Penal Juvenil que proponemos se prevé que la víctima pueda participar pero sólo asociándose con el fiscal”, remarcó el ministro.
Al respecto, dijo que el proyecto en cuestión instauró la figura del “querellante adhesivo” para “armonizar el sistema”; donde la víctima “podrá ingresar al proceso, hacerse escuchar, hacer valer su pretensión, que el juez conozca su punto de vista pero no como un querellante autónomo, es decir, que debe trabajar adhiriéndose a los planteos de la fiscalía porque serán los garantes”.
—¿Qué tipo de fiscales serán los encargados de participar en los procedimientos contra menores? ¿Serán funcionarios especiales?
—Nosotros hablamos siempre del Ministerio Público de la Acusación, y a quién le otorgue esta facultad es una cuestión en la cual hemos querido ser flexibles para que ese organismo pueda llevar adelante una política y hacerse cargo de esa política. Entendemos que la ley que organiza el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal le otorga la suficiente independencia funcional.
—Este régimen que ustedes están pensando desde el Estado, ¿a partir de qué edad tendría que ser aplicado?
—Entendemos que una de las principales garantías que existe en el derecho penal es el principio de legalidad. Hoy por hoy, esa ley nacional de fondo tiene una edad mínima de imputabilidad en 16 años y, entonces, nuestro régimen será para jóvenes acusados de cometer un delito que tengan entre 16 y 18 años.