Los que apuntan contra los bancos y las tarjetas de crédito y los servicios de telefonía y agua encabezan el ranking de reclamos recibidos por la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor en el período diciembre 2002-noviembre 2003. Sobre un total de 4.753 denuncias registradas, son 987 las relacionadas con la actividad de bancos y tarjetas, 794 las referidas a telefonía y 534 las que cuestionan el servicio que presta la empresa Aguas Provinciales.
Después, entre los blancos del repudio de los consumidores se destaca la Municipalidad, con 487 denuncias en su contra. Y también hay asentadas quejas contra la EPE (369), el gobierno provincial (359) y, en menor número, contra los servicios de Litoral Gas, empresas de televisión por cable, de medicina prepaga y de turismo.
En cuanto a los bancos, desde la dependencia municipal a cargo de Marcelo Britos se señaló que la mayoría de las denuncias apuntaron a entidades que se encargan del pago a jubilados, “especialmente el banco Bersa”, y tuvieron como motivo el “sistema de créditos compulsivos (…) ofrecidos engañosamente a través de los cajeros automáticos, que luego significaban un quite importante de los haberes, ya que además de la cuota que los pasivos debían devolver, se le sumaban intereses y gastos administrativos”.
Respecto de las denuncias por el servicio de telefonía, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor consignó que “aproximadamente el 75 por ciento de los reclamos pertenecen a Telecom SA”. De las denuncias contra el servicio de telefonía, el 40 por ciento fueron por sobrefacturación, el 25 por ciento por líneas nuevas y traslado, el 20 por ciento por teléfonos descompuestos y solicitud de reparación y el 15 por ciento por robo de líneas. “La empresa aduce problemas técnicos. El problema técnico es un justificativo curioso, ya que desnuda una falencia fundamental de la empresa: Telecom terceriza las instalaciones. Lo que dicen las empresas que instalan las líneas es que no se han realizado mantenimientos en los pares, ni en las redes que amplió la empresa cuando ganó la concesión. Es más, no renovó ninguna línea, utilizó las de Entel. Esto trae como consecuencia el deterioro de los pares y las líneas. La empresa nunca ha realizado una inversión importante en tecnología de comunicaciones como dicen sus publicidades, sobre todo comparándolo con las ganancias siderales que lograron durante la década del 90”, añade el informe, que también expresa que “Telecom ignora las sanciones aplicadas por el ente regulador”.
En cuanto a Aguas Provinciales, el 45 por ciento de las denuncias se refieren a “inconvenientes en el pago” y, en este sentido, desde la oficina municipal “se realiza asesoramiento en solicitud de caso social y planes de pagos especiales”. Pero además hay un 27 por ciento de denuncias por “problemas técnicos”, como “baja presión, caños rotos, anegamientos en calzada”. Según el informe, Aguas Provinciales “sigue siendo la empresa que más inconvenientes trae a la hora de solucionar los problemas, sobre todo los que tienen que ver con las deudas. A esto hay que sumarle las intimaciones de la Dipos residual por deudas viejas que, a nuestro entender, ya han prescripto”.
Sobre las denuncias contra el municipio, el informe consigna que la mayoría de ellas se refieren a los plazos para la notificación de infracciones de tránsito, cuestión que motivó “un conflicto de poderes entre el Concejo y la Municipalidad”. Además, los consumidores solicitan asesoramiento sobre el acogimiento a la ordenanza de caso social, denuncian que no se prestan debidamente los servicios y solicitan planes de pago de distintas tasas que cobra el municipio, destacando “los altos intereses aplicados y la poca posibilidad de pago que otorgan los ejecutores municipales”.
El trabajo de sistematización de datos de la Oficina Municipal del Consumidor concluye con que sobre la EPE y Litoral Gas “existen denuncias por un problema común: el retiro arbitrario de medidores de las viviendas. Estas empresas retiran los medidores, sin la presencia de los usuarios, y luego labran actas de robo de energía o de gas, sin otorgarle una debido derecho de defensa a los usuarios. Los entes reguladores no hacen más que convalidar las estrategias de las empresas”.
Fuente: www.elciudadano.net
