Hoy el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley con el que busca frenar los remates y salvar al menos a 13.000 deudores hipotecarios que corren el riesgo de perder sus viviendas por haber entrado en mora con sus acreedores. A través de un fondo especial, el Estado se hará cargo de la cartera de morosos y les dará más plazo para saldar sus deudas.

Anoche, en el Ministerio de Economía estaban dándole las últimas puntadas al proyecto de ley. Según pudo averiguar Clarín, el plan de rescate que definió el Gobierno incluirá a los morosos hipotecarios de viviendas chicas y medianas. Y beneficiará a los que se hayan endeudado con bancos o con acreedores privados, como las escribanías. El Ejecutivo buscó así descomprimir un conflicto que ayer se expresó a través de un grupo de mujeres que hacían huelga de hambre en la Plaza de Mayo, bajo carteles que decían: “Madres por la vivienda” y “Basta de remates”.

Así, el proyecto que está terminando Economía y que es coordinado por el secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, establece que podrán entrar a este programa las personas que reúnan estos requisitos:

ser deudor hipotecario de vivienda única familiar,

haber entrado en mora entre el 1º de enero del 2002 y el 3 de setiembre del 2003,

la vivienda no deberá superar los 100 metros cuadrados,

al momento de entrar en mora, la deuda debía ser inferior a 80.000 pesos,

no hace falta que la casa ya haya ido a remate.

Mañana vence el acuerdo que el Gobierno había cerrado con los bancos para evitar las ejecuciones hipotecarias. En julio se había habilitado un registro para que se inscribieran en él todos los deudores que tuvieran ya una sentencia judicial de remate. En este registro se anotaron 13.000 personas, que reunían una deuda de 550 millones de pesos.

En principio se especulaba con que la solución que presentaría el Gobierno alcanzaría sólo a los que se hubieran inscripto en el registro. Pero según le confirmó a Clarín un alto funcionario vinculado a las negociaciones, ahora podrán beneficiarse con esta salida todas las personas que quepan en los requisitos antes mencionados, estén inscriptos o no. Y a la inversa, quienes se hayan inscripto pero no cumplan los requisitos —por tener viviendas de más de 200 metros cuadrados, por ejemplo—, quedarían afuera.

La suspensión de los remates había sido dispuesta por el Congreso y prorrogada cuatro veces,

hasta que se alcanzó el acuerdo con los bancos. Y entre los compromisos que el Gobierno asumió con el Fondo Monetario figura el de no conceder nuevas prórrogas a esta suspensión y buscar una solución definitiva.

Con este proyecto, el Gobierno recurrirá a un fondo fiduciario que se hará cargo de los morosos y saldará la deuda con los bancos. Entonces, los morosos quedarán endeudados con este fondo que reprogramará las deudas a mayor plazo para bajar la cuota.

Aunque en el registro se inscribieron 13.000 morosos, la Asociación de Deudores de la Argentina estima que los acreedores que podrían quedar en la calle son 56.000.

El fondo fiduciario al que recurrirá el Gobierno data de 1998 y fue diseñado originalmente para reestructuración de deudas empresarias. Cuenta con un capital de $450 millones que fueron aportados por el Banco Mundial y por un “bono patriótico” que suscribieron los bancos.

Fuente: www.clarin.com