La reglamentación aprobada contiene los requisitos para acceder a las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales y federales. La iniciativa fue impulsada por la consejera Diana Conti, quien se basó en la Ley de Etica Pública, según la cual todos los funcionarios están obligados a dar a conocer sus declaraciones juradas de bienes.

Según la reglamentción el Consejo deberá informar al magistrado el pedido del interesado que quiere conocer sus declaraciones juradas. La negativa del Magistrado a suministrar esa información no lo habilita a negar su publicidad.