La Asociación Civil Anticorrupción -que preside Ricardo Monner Sans- el 14 de abril de este año realizó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de esta provincia, donde solicitaba a su presidente que hiciera cumplir la ley Orgánica del Poder Judicial y sus acordadas.

Así también requería que intimase a todos los defensores, fiscales, jueces de primera o de segunda instancia, para que, en forma inmediata, restringieran los horarios de clases en los niveles educativos que fuere, a las horas máximas semanales permitidas, para que se dediquen
a sus funciones específicas y asumieran íntegramente las responsabilidades inherentes a su cargo.

Ante este pedido de la Asociación Anticorrupción, la Corte abrió un expediente y estableció una audiencia que se realizó el 3 del presente mes. A ella concurrió, en representación de la citada ONG, el Dr. Mario Pilo, quien fuera recibido por el presidente de la Corte, Dr. Roberto Falistocco.

En esta oportunidad Pilo dejó un memorándum que advierte sobre las serias irregularidades en el accionar de los fiscales, jueces y camaristas de nuestro Poder Judicial. En él sostiene que el desprestigio de éste "no es una creación de nuestra Asociación", ya que el actual Procurador General de la Corte lo admitió expresamente en las entrevistas evaluatorias de su designación ante la Comisión de Acuerdos Legislativos, cuando reconoció la necesidad de juris de enjuiciamiento, que "simplemente no se implementaban porque eran fatigosos". Todo lo cual consta en la versión de la Dirección General del Cuerpo de Taquígrafos.

Luego de enumerar causas consideradas emblemáticas que prescribieron por el transcurso del tiempo (Caja de Jubilaciones, IBM-Banco Provincial de Santa Fe y la del vaciamiento de éste; las causas Vanrell, Muriel, Fibraca, Circo Vostock, medicamentos enterrados, entre otras), que costaron a los santafesinos miles de millones de dólares, la Asociación denuncia que sólo son condenados los que carecen de recursos y/o influencias políticas, en tanto que las causas que corresponden a aquellos relacionados o amparados por el poder terminan prescribiendo, beneficiando con la impunidad a los culpables.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Dr. Julio de Olazábal, detectó una coincidente actitud dilatoria en la manera en que el juez Mauricio Frois llevó adelante los casos Vanrell y Martínez. Según el informe elevado por Olazábal a la Corte "parece inevitable pensar que intencionalmente se evitó en ambas causas adoptar medidas para agilizarlas, y que fueron abandonadas a su suerte, al menos, dejadas para un último lugar en la atención".

Conviene recordar que frente a esta situación, la Corte impuso a Frois una sanción de $600, que ni siquiera puede considerarse simbólica. Y la manifestación del Dr. Olazábal implicaría la imputación de un delito al Dr. Frois, a la que si no se le dieron los cauces legales pertinentes, comprometería gravemente a sus superiores por la omisión.

Además, la Asociación indica que en la exposición del Dr. Bassó ante la Comisión de Acuerdos, el actual Procurador manifestó que "el que quiera ser académico (…) , que se quede en la Universidad", agregando que le había dicho al Dr. Rodolfo Vigo (ex integrante de la Corte) que él priorizaba el academicismo a su trabajo en el Poder Judicial, "no lo conocíamos en el Tribunal", llegó a confesar.

En otro tramo de su exposición, Bassó dijo que "he pedido el jury a dos jueces (…)", pero que cuando le expresó al entonces procurador Dr. Bof qué era lo que pasaba, éste le respondió: "Mirá, si le pido el jury, tengo que laburar en el jury. Entonces ya con una sanción es suficiente".

Más adelante, también reconoció Bassó que: "acá prescriben miles de causas sin que se haga una letra"; "cuando los jueces de Instrucción ven que reciben el expediente y son delitos menores, tampoco lo tramitan, las amenazas, te voy a matar (…)".

Llegado a este punto, la Asociación Anticorrupción se pregunta si la única solución que encuentran los jueces es la justicia por mano propia.

El memorial presentado por la Asociación Civil Anticorrupción termina diciendo que tal vez todo esto no es comprendido, y aventura que "quizá sea porque la deslegitimación institucional ha llegado a un coma cuasi irreversible".

El reconocimiento por parte del Procurador de la Corte, Dr. Agustín Bassó, de las graves irregularidades cometidas por el Poder Judicial provincial evidencian no sólo su deficiente funcionamiento, sino también las falencias tanto en la selección como en el sistema de exclusión de los jueces.

Por último, manifiestan dudas sobre la aptitud de la mayoría de los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia de la Pcia. de Santa Fe que, luego de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, paradigmáticamente efectuada en esta ciudad, no advirtió que el Código Procesal Penal de la Provincia, había devenido en inconstitucional, hasta el fallo Fraticelli de la Corte Suprema de Justicia Nacional.

Fuente: Asociación Anticorrupción en conferencia de prensa/LT10