“Le han intervenido todos los teléfonos en Argentina, sabían hasta los días que iba al supermercado, lo que compraba y lo que gastaba. Esto está en el expediente que vino a Rosario, incluso con fotos. Hay constancia de las amistades que lo visitaban, los IP de las computadoras con las que se conectaba. Hay también transcripciones de las conversaciones telefónicas con sus amigos”. El abogado afirma que la Guardia Civil española tiene rango de fiscal y no requiere autorización del juez para avanzar. “Entonces arman la causa y construyen la prueba: investigan, interceptan teléfonos, ponen micrófonos. Y al armar la acusación, después de haber profanado de este modo la vida privada, le elevan al juez un caso armado y listo para la condena. No hay juez de garantías ni nadie revisa lo que hizo la policía”.

Fuente:www.lacapital.com.ar