Mónica Cavagna, presidenta de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid.

Estuvo ayer en la ciudad y se reunió con los abogados del denominado equipo jurídico.

El Equipo Jurídico por los Derechos Humanos pedirá la semana próxima ante el juzgado federal a cargo de Omar Digerónimo la reapertura completa de la causa Agustín Feced en la que se encuentran contenidos la mayoría de los casos de desaparición, represión, tortura y muerte perpetrados en el ámbito del II Cuerpo de Ejército. Los abogados que integran el equipo jurídico pedirán al juez Digerónimo que se expida por la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida que ya decidió el Congreso Nacional. De prosperar el pedido de reapertura, los militares, policías y civiles imputados en esa causa podrán ser citados a prestar declaración indagatoria y no sólo una testimonial. Ayer los integrantes del equipo, Matilde Bruera, Gabriela Durruty, Gonzalo Stara y Valeria Roso Ponce hicieron el anuncio al magistrado junto a Mónica Cavagna, presidenta de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid, organización que integra la acusación popular en el juicio que sigue Baltasar Garzón por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina. Cavagna, socióloga rosarina residente en España dijo a Rosario/12, que “los ojos del mundo están puestos en la Argentina”.

Los integrantes del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Cavagna se reunieron ayer con el juez federal de Rosario a quien adelantaron que la semana próxima presentarán el pedido de la reapertura de la causa Feced “con todos los efectos penales” a partir de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida aprobada por el Congreso Nacional y de otros antecedentes que sentaron jurisprudencia.

La presentación del Equipo Jurídico pedirá que el juzgado Federal declare también la nulidad de las leyes de impunidad y que se cite a todos los imputados a partir de la causa Feced, lo que implica que la investigación continuará como causa penal y ya no en el marco de los Juicios por la Verdad Histórica. Por lo tanto se podrá citar a que presten declaración indagatoria y no sólo testimonial a los imputados como represores, militares y policías y civiles que actuaron en el ámbito territorial del II Cuerpo de Ejército.

Las numerosas causas presentadas en el marco de los Juicios por la Verdad Histórica, tal el caso de las que se sigue por el secuestro-desaparición de Daniel Gorosito, Eduardo Tonioli, Fernando Dante Dussex, Carlos Fernández, Osvaldo Vermeullen y tantas otros víctimas de la represión en el ámbito del II Cuerpo seguirán como causas penales si prospera la presentación.

Cabe recordar que la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la reapertura de dos grandes causas por violaciones a los derechos humanos, antes y durante la última dictadura militar, tal los casos de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el Primer Cuerpo de Ejército.

El pedido de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida se había hecho ya en Rosario el 10 de diciembre pasado ante la Cámara Federal, un hecho que involucraba directamente el pedido de reapertura de la causa Feced. Ese día la hoy diputada nacional Alicia Gutiérrez y su hijo Eduardo Leandro Toniolli por una parte, y María Cecilia Dussex por otra, se constituyeron en querellantes contra los responsables de los delitos de desaparición forzada y torturas agravadas cometidas contra Eduardo José Toniolli y Fernando Dante Dussex.

El 1º de julio pasado la Cámara Federal de Rosario se declaró incompetente para la reapertura de la causa Feced y de la que se planteó por lo ocurrido en el centro de detención conocido como La Quinta de Funes, un acumulado a la causa Feced. Pero a la vez los camaristas Carlos Carrillo, Jaime Belfer, Hugo del Pozo, Edgardo Bello y Héctor Luis Tripicchio resolvieron que la competencia corresponde al juzgado de Primera Instancia que corresponde por el turno y ordenaron la remisión del expediente penal.

“A partir de esta resolución consideramos que corresponde que se reabra la causa Feced completa en el juzgado de 1ª Instancia”, dijo la abogada Bruera que aclaró que se pedirá que esa remisión del expediente se concrete de inmediato.

Mónica Cavagna, que preside la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid –desde 1996 es la acusación popular ante la Audiencia Popular Nº 5 a cargo de Baltasar Garzón en el juicio que lleva adelante contra los responsables de casos de terrorismo y genocidio argentinos y chilenos– estuvo ayer en Rosario.

Narró que durante la reunión con Digerónimo se transmitió el convencimiento de los argentinos en España de que la Justicia también debe dar su paso “y expedirse por la nulidad de esas leyes de la misma manera que lo han hecho el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial… Es fundamental que los jueces de primera instancia determinen la nulidad para las causas que están tratando porque es la única manera de empezar a amparar a las víctimas y asegurar la justicia”.

Fuente: www.rosario12.com.ar