Decíamos que era imprescindible analizar lo que sucedió con estas privatizaciones y modificar los contratos, adaptándolos a la realidad de empresas que ganaron mucho y dieron muy poco, y usuarios pauperizados, que no podían afrontar el pago de sus servicios. Y mucho de los cuales perderían directamente la posibilidad de acceso a los mismos que se constituían en los últimos elementos que los vinculaban con una mínima calidad de vida acorde a los tiempos que corren.
Es por ello que es necesario destacar una muy buena noticia, puesto que el flamante ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, aseguró ayer que el gobierno no planea en el corto plazo un incremento en el costo de los servicios públicos, al tiempo que recordó que como todos los entes regulatorios se encuentran bajo su jurisdicción su cartera conducirá el proceso de renegociación de las concesiones y los niveles de inversiones de la compañías.
En consecuencia, parece ser que al predica constante de las asociaciones de consumidores y los reclamos de los usuarios ante lo abusos reiterados de la prestadoras, ha sido escuchado por el gobierno, el cual parece que está dispuesto a poner freno a las pretensiones desmedidas de las compañías.
No obstante esto es necesario reiterar, que toda renegociación contractual debe hacerse con la máxima transparencia, con participación de lo usuarios y con aprobación de las mismas mediante Audiencias Publicas y que además es fundamental rever la acción de los distintos Organismos de Control, que en todo este proceso no han estado a la altura de la responsabilidad de la tarea que les toca desempeñar.
Por lo tanto y para que lo conozcan las nuevas autoridades nacionales sostenemos que:
– Nos oponemos al aumento de tarifas, puesto que conspira con la universalidad de los servicios públicos esenciales en el actual marco de deterioro de los ingresos reales de usuarios y consumidores.
– No nos oponemos al derecho de los concesionarios o licenciatarios a una utilidad razonable, pero manifestamos que esta debe apreciarse en todo él termino del contrato y no puede limitarse al análisis de la actual emergencia económica, teniendo en cuenta el concepto de ganancia ponderada. Por eso sostenemos que deberán ajustarse las utilidades antes que las tarifas, considerándose un crédito a favor de los usuarios los ilegítimos incrementos tarifarios producidos por aplicación de un índice de precios extranjeros y/o las reducciones de las inversiones previstas originalmente en los contratos.
– Afirmamos que el endeudamiento externo en moneda extranjera de las empresas constituye un riesgo empresario, por lo cual resulta inaceptable considerarlo un costo a ser compensado por los incrementos tarifarios. Las empresas decidieron financiarse en el exterior y en moneda extranjera debido al costo infinitamente menor. Nunca socializaron dichos beneficios ni plantearon trasladarlos a los usuarios con reducciones tarifarias. No pueden ahora socializar las perdidas y pretender compensarlas con aumentos de tarifas. Los usuarios no constituyen el seguro de cambio de las empresas prestadoras de servicios públicos, es hora de que afronten las consecuencias de sus políticas empresarias y asuman el costo del riesgo que tomaron.
– Reclamamos el mantenimiento de la calidad de los servicios y todas las obligaciones contractuales. Si alguna empresa no esta en condiciones de hacerlo, que se le apliquen las sanciones previstas, incluyendo la rescisión del contrato por culpa, en cuyo caso podrá licitarse nuevamente el servicio seleccionando el oferente que ofrezca el mejor servicio a la menor tarifa.
– Reclamamos la realización de Audiencia Publicas Vinculantes, con el propósito de considerar los planteos allí vertidos para la confección del correspondiente documento contractual y no para la mera discusión de aumentos tarifarios, como condición necesaria y previa a que el Estado Nacional asuma cualquier compromiso.
Fuente: www.elconsultorweb.com
