Expresa en la nota que publica en el sitio web de la Defensoría del Pueblo que experimenta cierto hartazgo por la inacción de la Subsecretaría de Transporte ante las distorsiones de los controles de tránsito con radares. Expresa que por el uso que se les da se utilizan más con fines recaudatorios que por una acción disuasiva.

Bermúdez firmó una resolución la semana pasada en la que adelanta que presentará una denuncia a la Subsecretaría de Transporte en el informe anual que el organismo eleva a las Cámaras Legislativas cada año.

Recuerda que la ley 10.396 impone a los funcionarios provinciales la obligación de responder en un plazo razonable los planteos del Defensor del Pueblo y otorga a éste la prerrogativa de denunciar en el Parlamento a aquellas áreas o funcionarios que incumplan ese mandato legal.

La Defensoría del Pueblo podría recurrir a este mecanismo administrativo por vez primera y según expresa en la nota lo hace "ante la persistencia de un fenómeno creciente que, tiene sus picos de intensidad en cada temporada estival o vacacional en la que algunos municipios o comunas autorizan a empresas de Buenos Aires, con las que previamente firma acuerdos económicos en base a determinados montos mínimos de recaudación, a apostarse en las rutas a labrar infracciones a los automovilistas".

Prevenir para no sancionar

Aclara en la nota que la Defensoría del Pueblo no está en contra de estos controles sino del abuso y distorsiones en su aplicación. "El sistema no puede basarse en hacer cada vez más multas porque eso equivaldría a que hay cada vez infractores y con ellos el incremento de los riesgos crece; no baja. De lo que se trata es que el control persuada a los conductores a bajar las velocidades y a respetar señales y demás prescripciones legales para viajar. De ese modo se reducen los riesgos de accidentes aunque también el número de multas" aclara.

Según el Defensor, este último supuesto parece no interesar a las empresas "que han firmado acuerdo con algunos municipios o comunas asegurándoles a cambio de la autorización para apostarse en las rutas que los cruzan, cierto nivel recaudatorio".

"Pero tampoco actuó ante esas conductas la Subsecretaría de Transporte de la provincia, que es el organismo de aplicación en el caso, pese a lo mucho que hace que se le viene pidiendo que lo haga" expresa Bermúdez.

Finalmente remarca que la recepción de quejas y reclamos de la ciudadanía por la cuestión no decrece "como tampoco el nivel de accidentología en las rutas que atraviesan la provincia. Es por ende esta una materia pendiente respecto de la que la Defensoría seguirá alzando la voz todas las veces que resulte necesario, asevera el ombudsman santafesino".