El conflicto agrario amenaza con llegar a en terreno judicial. Del lado de los productores, se pretende que sea declarada inconstitucional la medida de las retenciones, mientras que por otra parte los afectados por los cortes denuncian a los dirigentes agropecuarios por el delito de extorsión. Así, con respecto a los primeros, fuentes de los tribunales porteños indicaron que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, haría lugar, durante la mañana de hoy, a un pedido de "no innovar" sobre la situación del campo y retrotraería la situación al 10 de marzo pasado, cuando aún no habían sido aumentadas las retenciones. En el extremo opuesto, ya hay una denuncia presentada ante la Cámara Federal por el abogado Eduardo Barcesat para que la Justicia "en carácter de medida cautelar", disponga "la inmediata suspensión del paro agropecuario y la reanudación de los suministros alimentarios, conforme los precios vigentes con antelación a la producción de las medidas de fuerza".
La Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) realizó una presentación ante la magistrada Madariaga de Negre quien les pidió que acompañen la documentación suplementaria de la denuncia, y le requirió opinión a la fiscalía que entiende en el expediente, según indicaron voceros judiciales. Con esos elementos en su poder, la jueza podría resolver hoy si hace lugar o no al pedido de la entidad empresarial, con lo cual podría, mediante la vía judicial, judicializar el conflicto que no halla de momento canalización por la vía política.
Pero claro, a la vez será inevitable que la polarización que desató el paro y el corte de rutas del agro no entre por las puertas y las ventanas de Tribunales. Así, con la misma convicción de que se haga justicia, se presentó una denuncia a raíz del lock out y de los bloqueos que encabezan los dirigentes del campo. Fue presentada por el abogado Barcesat ante el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, quien la enviará al fiscal Carlos Rívolo para que se investigue si los productores agropecuarios cometen el delito de extorsión.
De esta manera, en base al artículo 180 del Código Procesal, dentro de las 24 horas siguientes el fiscal formulará requerimiento (dará impulso a la causa) o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
Barcesat sostiene que el campo "somete a privaciones indebidas a los 35 millones de habitantes de la Nación". El letrado reclamó a Torres que cite a indagatoria a los denunciados y, "en carácter de medida cautelar", disponga "la inmediata suspensión del paro agropecuario y la reanudación de los suministros alimentarios, conforme los precios vigentes con antelación a la producción de las medidas de fuerza".
En la otra vereda, un abogado y productor rural de Salta, Iván Sánchez Osadcia, presentó ayer un pedido para que la Justicia Federal de Salta declare la inconstitucionalidad de la resolución por la que el Ministerio de Economía dispuso el aumento en las retenciones a las exportaciones de soja y girasol. Pero además, la UCR salteña anunció que también presentará un recurso similar en busca de retrotraer la situación al 9 de marzo. Sánchez Osadcia tiene campos en la zona de Metán, unos 160 kilómetros al sur de Salta. En tanto, el recurso recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de esa ciudad, a cargo del juez Abel Cornejo.
