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El derecho a veto es una atribución que le otorga la Constitución nacional al presidente de la República. Pero más allá de la legalidad, hay ciertos temas que por su índole moral exceden el análisis de las facultades constitucionales implícitas. Cuando impide que entre en vigencia una ley que tiene un inmediato beneficio social, como es el aumento de los haberes jubilatorios al 82% móvil, se está menoscabando al equilibrio político que surge del Congreso de la Nación.
La presidenta legalmente puede vetar, pero esto tiene una doble cara. Una de procedimiento legislativo y otra de dignidad social, que no debería ser objeto de debate. Porque no debería haber discusión alguna acerca de que todos los jubilados de nuestro país deben tener un ingreso mínimo que les permita vivir decorosamente.
